Gobierno declara estado de emergencia por tormenta tropical Sara y autoriza compras directas

Gobierno autoriza compras directas por tormenta tropical Sara y solicita ayuda financiera internacional para enfrentar emergencia.

Honduras.- El Consejo de Ministros declaró estado de emergencia en varias regiones del país debido a los estragos ocasionados por la tormenta tropical Sara, que ha provocado inundaciones y graves daños en infraestructura.

Esta medida, oficializada a través del PCM 35-2024, permite la implementación de compras directas y la solicitud de ayuda humanitaria y financiera a organismos internacionales.

El decreto, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, establece un periodo de emergencia de 30 días en las zonas más afectadas.

Incluyendo los departamentos de Olancho, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Cortés y Yoro, donde se han registrado los mayores impactos por las lluvias intensas.

La Presidenta @XiomaraCastroZ ya declaró emergencia con sustento legal y jurídico de respaldo en Consejo de Ministros (PCM).

Favor acatar órdenes de @CopecoHonduras1 que es quien comanda SINAGER y todas las instituciones que conforman estamos a sus órdenes. pic.twitter.com/TvUaIV4nDS

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— Octavio Pineda Paredes (@OctaJPP) November 15, 2024

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Compras directas: una medida polémica en tiempos de emergencia

Uno de los aspectos más controvertidos del PCM es la autorización para que diversas instituciones gubernamentales realicen compras directas, es decir, sin procesos de licitación.

Estas compras estarán destinadas a adquirir bienes y servicios necesarios para atender la emergencia, como la reconstrucción de la red vial.

Así como obras de dragado, limpieza de cauces, suministro de alimentos, medicinas y materiales de primera necesidad para los damnificados.

Entre las entidades autorizadas para proceder con estas contrataciones se encuentran la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), entre otras.

Todas las compras realizadas bajo este decreto estarán sujetas a auditoría y revisión por parte del Tribunal Superior de Cuentas.

Solicitud de ayuda internacional

El decreto también faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a gestionar ayuda humanitaria y financiera ante países cooperantes y organismos internacionales.

Esta medida busca cubrir las necesidades urgentes de recuperación y reconstrucción de las zonas más afectadas por el temporal.

El Sistema Nacional de Emergencias (911) ha sido instruido para mantener su línea telefónica activa de forma permanente, mientras que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) coordina las acciones de las diferentes instituciones que forman parte de su estructura.

Asimismo, se solicita a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) que reoriente los recursos necesarios para enfrentar esta crisis climática.

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Proyecciones climáticas y alertas en curso

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) ha extendido la alerta roja en varios departamentos, incluidos Gracias a Dios, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía, debido a la persistencia de las lluvias.

Municipios como Omoa y Puerto Cortés también se encuentran en alerta roja.

Otros departamentos como Olancho, Santa Bárbara y Cortés se mantienen bajo alerta amarilla, mientras que el resto del país está en alerta verde.

🚨Todo el territorio nacional bajo alertas Roja, Amarilla y Verde 🚨 pic.twitter.com/EMFMybM1ek

— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) November 15, 2024

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Según Copeco, las lluvias continuarán afectando principalmente las regiones norte y noroccidental del país, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta los 300 milímetros en zonas costeras.

Las autoridades han advertido sobre el riesgo de desbordamientos en ríos, así como de deslizamientos de tierra en áreas montañosas.

El PCM también incluye un compromiso con la transparencia.

Todas las instituciones involucradas en la atención a la emergencia deberán presentar informes detallados sobre el uso de los recursos y las acciones ejecutadas, con el fin de asegurar una rendición de cuentas adecuada y garantizar el uso eficiente de los fondos públicos durante esta crisis.