Gobiernos locales decidirán futuro de deportaciones masivas de Trump

Las deportaciones masivas de Trump dependen del apoyo o resistencia de gobiernos locales, clave para ejecutar su ambiciosa agenda migratoria.

Estados Unidos.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha renovado su promesa de implementar deportaciones masivas de migrantes indocumentados.

Esta medida podría impactar a más de 11 millones de personas en el país.

Sin embargo, expertos y activistas coinciden en que la cooperación de los gobiernos locales y estatales será crucial para acelerar o frenar dichos planes.

Trump ha indicado que utilizará herramientas federales, incluso leyes históricas, para llevar a cabo sus políticas migratorias.

No obstante, sin el respaldo de las autoridades locales, su estrategia enfrentará obstáculos significativos.

La diversidad de posturas frente a la migración en los estados y municipios del país será determinante en la ejecución de esta agenda.

En ciudades como Nueva York, identificadas como «santuarios», y en estados como Texas, conocidos por su alineación con las políticas del republicano, las respuestas al nuevo escenario migratorio ya comienzan a delinearse.

Nueva York: una ciudad santuario con retos

En Nueva York, hogar de más de medio millón de migrantes indocumentados, las políticas de ciudad santuario limitan la cooperación con autoridades de inmigración como el ICE.

Sin embargo, estas protecciones no inmunizan a los residentes de redadas o detenciones con órdenes judiciales específicas.

El alcalde Eric Adams, aunque crítico de las deportaciones masivas, no ha presentado planes concretos para enfrentar la llegada de la nueva administración.

Organizaciones locales, como Se Hace Camino y la Coalición del Inmigrante, se han movilizado rápidamente para fortalecer la resistencia y ofrecer talleres sobre derechos a la comunidad migrante.

Texas: un aliado estratégico

En contraste, Texas, donde residen cerca de 1,6 millones de migrantes indocumentados, se perfila como un aliado clave en las deportaciones masivas.

El estado, liderado por el gobernador Greg Abbott, ha implementado iniciativas como Operation Lone Star, que busca militarizar la frontera y detener migrantes.

A través de leyes estatales, Texas ha permitido a las autoridades locales detener a quienes sospechen de estar en situación irregular.

Aunque estas regulaciones están actualmente en litigio, los activistas temen que su aplicación, junto con las políticas de Trump, exacerben la separación familiar y el uso de perfiles raciales.

Resistencia legal y comunitaria

Organizaciones como ACLU, que presentó más de 400 demandas contra Trump durante su primera presidencia, se preparan para una nueva ola de litigios.

«Trump no se limita por lo que dice la ley», advierte Maribel Hernández, abogada de ACLU.

Mientras tanto, los defensores de derechos civiles trabajan para proteger a los 5,6 millones de personas en Texas que viven en familias de «estatus mixto».

Según activistas, las deportaciones masivas podrían generar un clima de inseguridad y desconfianza generalizada, afectando tanto a migrantes como a ciudadanos.

La implementación de estas políticas dependerá en gran medida del respaldo —o resistencia— de los gobiernos locales.

Mientras estados como Texas se alinean con la administración republicana, ciudades santuario como Nueva York buscan fortalecer su postura a favor de los derechos de los migrantes.

Con las promesas de Trump generando tensión a nivel nacional, el futuro de millones de familias pende de un hilo, en un país cada vez más polarizado sobre el tema migratorio.

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