Honduras recibe críticas internacionales en la ONU por militarización, presión electoral y ataques a la prensa

Tegucigalpa.- Honduras fue duramente cuestionada en Ginebra durante su cuarta evaluación ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde más de 90 países expresaron su preocupación por la deriva autoritaria y el deterioro institucional que vive el país.

El ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, encabezó la delegación hondureña y calificó el proceso como el “primero bajo un gobierno legítimo”, en alusión a la narrativa oficial que busca marcar distancia con administraciones pasadas. Sin embargo, el discurso no logró desviar la atención de los señalamientos internacionales.

Los países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Noruega, Reino Unido y Suiza, exigieron el levantamiento del estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, recordando que las medidas de emergencia deben ser temporales y no convertirse en un régimen permanente que afecte libertades civiles ni el equilibrio electoral.

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En materia democrática, naciones como España, Canadá, Brasil y Austria pidieron garantías de independencia para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), alertando sobre la creciente injerencia política y militar en los procesos electorales. Alemania y Austria incluso recordaron que la Constitución hondureña prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas en tareas políticas o electorales.

Asimismo, países como Noruega, Suiza y Países Bajos manifestaron su preocupación por la falta de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Reclamaron fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección con recursos reales y autonomía, ante el aumento de amenazas y agresiones contra comunicadores críticos con el gobierno.

Otros Estados, como México, Uruguay y Chile, instaron a Honduras a avanzar en compromisos pendientes en derechos humanos, ratificar el Acuerdo de Escazú, garantizar la igualdad de género y revisar su legislación sobre derechos sexuales y reproductivos.

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El mensaje de la comunidad internacional fue claro: la legitimidad democrática de Honduras no depende solo de organizar elecciones, sino de asegurar que estas se realicen en un contexto de respeto a los derechos humanos, libertad de expresión y separación real de poderes.