Partido Nacional pide se prorrogue la entrada en vigencia del nuevo Código Penal a pesar que ya fue anulado.

Este jueves 24 de junio, en sesión extraordinaria convocada por los diputados de la oposición política de Honduras, invocando el artículo 191 de la constitución, han logrado anular el nuevo Código Penal que estaba programado entrará en vigencia el próximo 25 de junio, según se había anunciado el pasado mes de mayo.

Al respecto, el Partido Nacional, partido en el poder ha expresado que se debe considerar prorrogar este nuevo código penal por no estar lo suficientemente socializado y discutido con los diversos sectores de la población hondureña.

Los nacionalistas han pedido se prorrogue el tiempo que sea necesario para que este código considerado lesivo para el pueblo hondureño sea socializado y se hagan las modificaciones pertinentes.

A continuación la postura del Partido Nacional….

Debido a la crisis del COVID 19 en el país, consideramos, que el nuevo #CodigoPenal, no ha sido lo suficientemente socializado y discutido con todos los sectores de la sociedad hondureña, no se ha profundizado en importantes aspectos que ameritan de un análisis objetivo.

Por tanto, el Partido Nacional de Honduras, considera: «Que la puesta en vigencia del #NuevoCodigoPenal se prorrogue el tiempo que sea necesario».
Esto permitirá que se socialice con todos los sectores, se despejen las dudas existentes y se hagan las modificaciones pertinentes. Hoy la prioridad de nuestro sistema de Gobierno, debe ser la de salvar, el mayor número de vidas posibles, mismas que están en peligro debido a la crisis del COVID19. #SomosPNH

Por tanto, el Partido Nacional de Honduras, considera: «que la puesta en vigencia del #NuevoCodigoPenal se prorrogue el tiempo que sea necesario». #SomosPNH pic.twitter.com/I4w7zxOHP1

— Reinaldo Sánchez (@ReinaldoHN) June 25, 2020

La sesión extraordinaria autoconvocada por los diputados de oposición, fue avalada por el sector empresarial de la costa norte de Honduras a través de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el Consejo Nacional Anticorrupción, y otros sectores de la población que han estado presionado y pronunciando en contra de esta ley.