Estados Unidos
Texas exige a hospitales informar costos de atención a migrantes
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordena a hospitales reportar costos de atención a migrantes indocumentados, intensificando la presión sobre Biden.
Estados Unidos.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha emitido una orden ejecutiva que exige a los hospitales públicos del estado recopilar y reportar información detallada sobre los costos asociados a la atención de migrantes indocumentados.
La medida, firmada el jueves, obliga a los centros de salud a entregar un informe en marzo del próximo año.
En este se incluirán datos específicos sobre el número de pacientes sin estatus migratorio y los gastos derivados de su hospitalización y atención en emergencias.
Abbott, conocido por sus políticas ultraconservadoras, argumenta que esta iniciativa busca responsabilizar al Gobierno de Joe Biden por los costos que Texas ha asumido en la atención médica de migrantes indocumentados.
«Haremos que el Gobierno Biden-Harris se haga responsable por las consecuencias de sus políticas de fronteras abiertas», afirmó el gobernador en un comunicado oficial.
Implementación de la orden en vilo
La implementación de esta orden ejecutiva presenta desafíos significativos, ya que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas ha subrayado que los profesionales médicos no deben preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio.
Sin embargo, la directriz incluye una cláusula que obliga a los hospitales a informar a los pacientes que responder preguntas sobre su estatus no afectará la calidad de la atención recibida.
Esta orden se enmarca en una campaña más amplia liderada por Abbott contra la administración Biden, a la que acusa de generar una crisis en la frontera sur.
Entre otras acciones, Abbott ha desplegado kilómetros de concertina y aumentado la presencia militar en la región, utilizando a la Guardia Nacional.
Por su parte, la Casa Blanca ha implementado una serie de medidas restrictivas para controlar la migración, la más reciente de las cuales prohíbe que la mayoría de quienes crucen ilegalmente soliciten asilo.
Como resultado, el número de detenciones en la frontera con México ha disminuido drásticamente, alcanzando en julio su nivel más bajo en más de tres años, según fuentes filtradas a medios estadounidenses.