HONDURAS
Alrededor de 500 demandas acechan al Estado
OABI alerta sobre 500 posibles demandas contra el Estado por fallos en la administración de bienes incautados desde 2018.
Honduras.- La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) ha lanzado una alerta preocupante: el Estado hondureño enfrenta la posibilidad de alrededor de 500 demandas legales.
Marco Zelaya, director de la OABI, advirtió que se han identificado múltiples problemas en la gestión de bienes incautados.
Los cuales podrían desencadenar este número elevado de procesos judiciales.
Zelaya señaló que la mayoría de estos problemas están relacionados con la subasta de bienes que no han sido debidamente registrados o transferidos a los nuevos propietarios.
Estos errores, algunos arrastrados desde 2018, han expuesto al Estado a un riesgo económico significativo.
El monto de las demandas podría superar los mil millones de lempiras, una cifra que pondría en serias dificultades las finanzas públicas.
“Estos problemas vienen arrastrados desde 2018, por lo que las demandas estarían arriba de mil millones de lempiras contra el Estado ya que se vendieron bienes en subastas, pero esos bienes no han sido registrados o trasladados a nombre de nuevo dueño”
Ante este panorama, Zelaya indicó que la OABI ha iniciado comunicaciones con el Instituto de la Propiedad en un intento de resolver las inconsistencias legales y evitar que estas demandas prosperen.
Zelaya subraya la urgencia de corregir estas situaciones antes de que el Estado enfrente consecuencias más severas.
Acciones legales emprendidas por la OABI
En paralelo, el director de la OABI adelantó que se presentarán denuncias formales contra jueces de La Ceiba.
A estos se les acusa de no haber seguido correctamente los procesos judiciales en ciertos casos.
Según Zelaya, será el Ministerio Público el encargado de investigar estos hechos y deducir las responsabilidades correspondientes.
Este escenario pone de manifiesto la vulnerabilidad del Estado ante las deficiencias en la administración de bienes incautados, un área clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
De no tomarse medidas rápidas y efectivas, las demandas podrían derivar en un alto costo económico para el país.
Además de socavar la credibilidad de las instituciones encargadas de gestionar estos procesos.
Se espera que las autoridades correspondientes tomen acciones inmediatas para frenar este posible tsunami de litigios.