Campesinos impugnan Ley Agrícola: Buscan justicia social constitucional

El Bloque Popular Campesino Indígena desafía la Ley de Modernización Agrícola, alegando inconstitucionalidad. Liderados por el abogado Víctor Fernández, buscan frenar desalojos y la criminalización de comunidades agrarias, priorizando la justicia social.

Honduras.- El Bloque Popular Campesino Indígena ha dado un paso decisivo en su lucha contra la Ley de Modernización Agrícola al presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esta acción legal, llevada a cabo el pasado lunes, busca impugnar no solo la mencionada ley, sino también tres decretos y un acuerdo Ejecutivo que, según la organización, contradicen la esencia misma de la Reforma Agraria.

El abogado Víctor Fernández, representante legal de este colectivo, se convirtió en la voz principal de esta iniciativa al liderar la interposición del recurso de inconstitucionalidad.

En sus declaraciones, Fernández resaltó la oposición directa entre la Ley de Modernización Agrícola y los principios constitucionales, argumentando que esta legislación abre la puerta al latifundio, algo explícitamente prohibido por la Constitución de la República.

La esencia de la disputa radica en la percepción de que estas reformas agropecuarias, en lugar de promover la justicia social en el campo, han exacerbado la crisis, contribuyendo a la desigualdad y propiciando la criminalización y persecución de quienes trabajan la tierra.

Uno de los puntos álgidos destacados por Fernández es el decreto 93-2021, que ha generado controversia al autorizar desalojos preventivos y establecer la figura penal de la usurpación. El abogado advierte que la impugnación de este decreto es crucial para proteger a familias campesinas de desalojos forzosos, evitando así la destrucción de sus cultivos y la emisión de órdenes de captura en su contra.

En este contexto, Fernández también ha dirigido críticas hacia el Instituto Nacional Agrario (INA), señalando su presunta complicidad en la ejecución de desalojos que favorecen al sector agroindustrial en detrimento de las comunidades campesinas e indígenas.