Gabriela Castellanos acusa a exfiscal de encubrir corrupción

Gabriela Castellanos, titular del Consejo Nacional Anticorrupción, denuncia enérgicamente al exfiscal adjunto, Daniel Sibrian acusándolo de encubrir corrupción durante años. 

Honduras.- La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ha protagonizado una nueva polémica al arremeter contra el exfiscal Adjunto, Daniel Sibrian, acusándolo de ser una «tapadera de la corrupción» durante varios años.

Estas declaraciones incendiarias fueron realizadas a través de sus redes sociales, donde Castellanos también señaló una delgada línea entre una auténtica lucha anticorrupción y una supuesta lucha partidaria disfrazada.

“Condenamos el encubrimiento de Daniel Sibrián, quien durante años se prestó como tapadera de la corrupción en el Ministerio Público, así como el inconstitucional nombramiento de los fiscales interinos”, expresó la titular del CNA.

Además, en una movida estratégica, Gabriela Castellanos se personó esta mañana en la Corte Suprema de Justicia para presentar una garantía de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo número 001-2023-CP/CN, el cual incluye la elección interina del fiscal general de la República y del fiscal adjunto.

Castellanos argumentó que dicho decreto vulnera preceptos constitucionales tanto en su forma como en su contenido, subrayando la preocupación por el curso ilegal sobre el cual se están sosteniendo las acciones para combatir la corrupción en el país.

Es importante destacar que el pasado 01 de noviembre, la Comisión Permanente designada por el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, llevó a cabo el nombramiento interino de Johel Zelaya como Fiscal General y Mario Morazán como Fiscal Adjunto.

Ante estos nombramientos, la directora del CNA enfatizó: “No se puede luchar contra la corrupción sostenido sobre bases de ilegalidad”.

Esta postura crítica por parte de Gabriela Castellanos evidencia una profunda preocupación por la integridad y legalidad en las instituciones encargadas de salvaguardar el Estado de Derecho y combatir la corrupción en el país.

Estos acontecimientos plantean interrogantes sobre la efectividad y legitimidad de los procesos de selección de altos funcionarios en el sistema judicial y sus implicaciones directas en la lucha anticorrupción, dejando en evidencia la urgente necesidad de garantizar transparencia y legalidad en estos procesos para fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas.