Honduras regresa al banquillo: Nueva demanda ante el CIADI bajo el DR-CAFTA

Honduras enfrenta nueva demanda millonaria internacional, pese a su salida del CIADI; expertos advierten que el riesgo legal persiste y crece.

Tegucigalpa, Honduras.- El país ha sido nuevamente arrastrado a los tribunales internacionales.

Esta vez, una ciudadana estadounidense ha interpuesto una demanda de arbitraje internacional contra el Estado hondureño. Esta vez, utilizando como sustento el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

La acción fue presentada el pasado 15 de mayo bajo el paraguas del Mecanismo Complementario del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y ya fue oficialmente notificada a la Procuraduría General de la República.

La firma legal internacional Hogan Lovells US, con sede en Miami, representa a la demandante, en lo que ya se perfila como otro dolor de cabeza financiero y jurídico para el Estado.

Aunque aún no se ha revelado el monto exacto de la demanda, expertos anticipan que la cifra podría ascender a varios millones de dólares.

¿No que ya no era parte del CIADI?

Esta nueva demanda expone las grietas de una estrategia gubernamental que, en teoría, buscaba blindarse ante litigios internacionales retirando a Honduras del CIADI.

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Pero como explica el abogado hondureño y especialista en arbitraje internacional Javier Briceño, esta salida del convenio “nunca fue una solución efectiva”.

Según sus declaraciones, los tratados como el DR-CAFTA ya incluyen rutas alternas de resolución, lo que hace que el retiro del CIADI sea poco más que un gesto simbólico.

La solución no es cerrar uno de esos caminos, sino evitar las actuaciones que motivan a los inversionistas extranjeros a acudir a estos mecanismos, apuntó Briceño. Añadiendo que, lo demás es simplemente “darle una solución estética a un problema material”.

CIADI fuera, pero el problema sigue dentro

La denuncia del Convenio CIADI fue presentada por el gobierno hondureño en 2023, y se hizo efectiva el 25 de agosto de 2024.

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Desde entonces, funcionarios han repetido que dicha medida protegería al país de litigios onerosos impulsados por empresas extranjeras.

Sin embargo, este nuevo proceso bajo el DR-CAFTA deja claro que los mecanismos de arbitraje siguen disponibles. Y, que el verdadero problema parece estar más en las políticas internas que en las convenciones internacionales.

Este escenario ha levantado preocupaciones en el sector empresarial y legal, que advierte sobre la creciente vulnerabilidad de Honduras ante disputas de inversión.

La falta de certeza jurídica y los cambios unilaterales en las reglas del juego, apuntan, son los verdaderos detonantes de estas controversias.

Un juego legal que no perdona

La paradoja es evidente: el gobierno quiso salir por la puerta de atrás del CIADI para esquivar responsabilidades. Pero, las cláusulas de tratados vigentes como el DR-CAFTA no sólo siguen activas, sino que continúan siendo utilizadas por inversionistas que consideran vulnerados sus derechos.

En otras palabras, el país intentó apagar el incendio desconectando la alarma.

Mientras tanto, el silencio oficial sobre los detalles de la nueva demanda genera más incertidumbre que tranquilidad.

Y aunque no se ha hecho público el monto reclamado, fuentes jurídicas cercanas al caso estiman que podría representar una nueva millonaria pérdida para las arcas públicas.