Pérez confirma financiamiento a campaña política

Luis Pérez, exmiembro del Cártel de Sinaloa, ratifica financiamiento de campaña de Juan Orlando Hernández a través de Tony Hernández.

New York.- En el contexto del juicio que capta la atención de la esfera pública tanto en Honduras como a nivel internacional, el sexto día del proceso contra el expresidente Juan Orlando Hernández ha arrojado luz sobre las profundas conexiones entre el narcotráfico y la política en el país.

El contrainterrogatorio llevado a cabo en Nueva York ha sido escenario de revelaciones significativas, destacando el testimonio de Luis Pérez, exmiembro del Cártel de Sinaloa, quien ha confirmado su participación en el financiamiento de la campaña política de Hernández a través de su hermano, Antonio Hernández, conocido como Tony.

Durante esta fase del juicio, Pérez ha detallado cómo se efectuó el financiamiento a la campaña de Hernández, especificando una entrega de aproximadamente 2.4 millones de dólares en el año 2013.

Este dinero, según el testimonio de Pérez, fue entregado en una gasolinera cercana a Puerto Cortés, marcando un precedente sobre la influencia del narcotráfico en las elecciones políticas del país.

El exmiembro del cártel también ha señalado la existencia de «cuadernos» que documentarían estas transacciones, añadiendo una capa más de evidencia a las acusaciones.

Las declaraciones de Pérez durante el juicio no solo destacan la relación entre el narcotráfico y el financiamiento de campañas políticas en Honduras, sino que también abren la puerta a interrogantes sobre la transparencia y legitimidad de estos procesos electorales.

El hecho de que Pérez haya mencionado donaciones a la campaña de otro candidato político amplía el espectro de influencia del narcotráfico en la política nacional.

Otro aspecto relevante surgido durante el contrainterrogatorio ha sido la mención de un supuesto intento de asesinato contra Juan Orlando Hernández en 2014, presuntamente orquestado por los hermanos Valle Valle.

Aunque Pérez se negó a participar en este plan, el episodio subraya la peligrosa intersección entre la criminalidad organizada y la política en Honduras.

Asimismo, se ha discutido la presión ejercida por la DEA (Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos) sobre los narcotraficantes en Honduras, un factor que llevó a Pérez a abandonar el país en 2014.

Las revelaciones expuestas en el juicio contra Juan Orlando Hernández no solo tienen implicaciones legales para los involucrados, sino que también plantean serias preguntas sobre la estructura política y social de Honduras.

La interacción entre el crimen organizado y la esfera política amenaza la integridad de las instituciones democráticas y socava la confianza pública en los líderes electos.

Este juicio, por tanto, no es solo un caso de alto perfil por los nombres involucrados, sino un momento definitorio para Honduras en su lucha por la transparencia, la justicia y el fortalecimiento de sus instituciones democráticas.

A medida que el juicio avanza, se espera que más detalles salgan a la luz, ofreciendo una visión más clara de hasta qué punto el narcotráfico ha permeado la política hondureña, así como las medidas para la verificación de tales aseveraciones y qué medidas son necesarias para recuperar la confianza en el sistema electoral y político del país.