En una impactante declaración durante el foro ‘Frente a Frente’, moderado por el periodista Renato Álvarez, Villanueva expuso detalladamente cómo una parte significativa de los cartuchos utilizados en este desgarrador crimen se vincula directamente con la industria que suministra a la Policía Nacional.
Además, resaltó que armas utilizadas en la matanza tienen trazabilidad a dicho cuerpo de seguridad, aunque también dijo que había armas “gringas, rusas, brasileñas, argentinas, entre otras”.
«¿Se imagina por qué se obstruyó mi trabajo?», inquirió la funcionaria, reflejando la gravedad y la resistencia que ha enfrentado al intentar llevar a la luz esta inquietante conexión.
Asimismo, expresó su consternación por los intentos de sus superiores en el Ministerio de Seguridad por relegarla a labores administrativas, tachándola como un mero «adorno».
Las revelaciones de Villanueva no solo se centran en el armamento. Detalló que 15 balas halladas en los cuerpos de las víctimas coinciden con armas utilizadas por la Policía Nacional.
No obstante, también señaló la presencia de armamento internacional, incluyendo armas de origen estadounidense, ruso, brasileño, argentino, entre otras.
Sin limitarse a las armas y municiones, Villanueva respaldó sus afirmaciones con una amplia gama de pruebas científicas, entre las que destacan material de video, registros de llamadas telefónicas y el notorio retraso en la intervención en la escena del crimen.
La ex coordinadora de la Junta Interventora de cárceles, designada por la presidenta Xiomara Castro, subrayó la necesidad imperante de que el caso se maneje bajo el amparo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), evitando así cualquier injerencia interna dentro de la Policía Nacional.
Este episodio de violencia sin precedentes llevó a la destitución del entonces ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y a la separación de Villanueva de su cargo en la coordinación de cárceles.
No obstante, Villanueva continúa ejerciendo como segunda al mando en la Secretaría de Seguridad, persistiendo en su llamado al fiscal interino, Johel Zelaya, para que priorice la resolución de este caso que ha conmocionado al país y ha desencadenado una oleada de interrogantes sobre la responsabilidad de la Policía Nacional en esta tragedia.
Las acusaciones de Villanueva han generado un fuerte impacto en la opinión pública y plantean un desafío significativo para las autoridades hondureñas, quienes se enfrentan a la urgencia de una investigación transparente y exhaustiva para esclarecer lo sucedido en la cárcel de Támara y restaurar la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país.