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Abogada solicita transparencia en información clasificada previo al juicio de JOH

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Abogada del expresidente Hernández exige transparencia en información clasificada y urgencia, en entrega previa al juicio por narcotráfico contra JOH en la Corte de Nueva York.

New York.- A menos de sesenta días para el inicio del juicio por narcotráfico del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, la abogada defensora, Sabrina Shroff, ha emitido un llamado enérgico por la transparencia en la entrega de información clasificada por parte de la Fiscalía.

Este llamado se ha fundamentado en la necesidad de evitar dilaciones que podrían comprometer la equidad del proceso judicial.

La solicitud de la abogada Shroff radica en el incumplimiento de la Fiscalía del Distrito Sur con la resolución del Juez respecto a la entrega oportuna de información clasificada y no clasificada, considerada exculpatoria para la defensa.

El pedido de una nueva prórroga por parte de la Fiscalía para responder a la resolución del 20 de diciembre y a la carta de la abogada ha generado inquietudes sobre la imparcialidad del juicio.

Ana García de Hernández, la exprimera dama, ha manifestado su preocupación ante este escenario, argumentando que estas dilaciones podrían conducir a un juicio injusto en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

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Conoce más sobre: Caso JOH: Ana García expresa preocupación por desigualdad en el proceso legal

Desde el inicio del proceso, se ha evidenciado una serie de obstáculos que, según García de Hernández, colocan al expresidente en una situación de indefensión.

El equipo legal del exmandatario ha reiterado su solicitud al Juez Kevin Castel para que se agilice la entrega de la totalidad de la información clasificada antes de la audiencia programada para el 16 de enero de 2024.

Esta petición se basa en la persistente negativa del Gobierno de Estados Unidos para proporcionar la totalidad de la información solicitada por la abogada Shroff, específicamente sobre una lista de documentos clasificados requeridos el 26 de diciembre de 2023 y autorizados por el juez para examen por parte del equipo legal de Hernández.

En una carta enviada al Juez Castel, la abogada Shroff detalló que la lista de documentos clasificados proporcionada al gobierno estadounidense no refleja las declaraciones del imputado expresidente hondureño.

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Además, hizo hincapié en la Regla 16 de la Regla Federal de Procedimiento Penal, que estipula la responsabilidad del gobierno de revelar al acusado cualquier declaración escrita o grabada relevante en su posesión.

“Revele al acusado, y ponga a disposición para inspección, copia o fotografía, cualquier declaración escrita o grabada relevante del acusado si la declaración está en posesión, custodia o control del gobierno; y el procurador del gobierno sabe o mediante la debida diligencia podría saber que la declaración existe”.

La abogada Shroff destacó la existencia de información clasificada denominada «CBU» (Confidencial pero sin clasificar), solicitando confirmación al gobierno sobre la entrega de dicho material a Hernández a través de su abogado, de acuerdo con los protocolos establecidos.

La orden CIPA, cuyo propósito es salvaguardar la seguridad nacional y los secretos de Estado, también fue mencionada por Shroff.

“El señor Hernández espera una versión desclasificada de las sentencias orales de la Corte; las presentaciones clasificadas del gobierno hasta la fecha, incluida su respuesta a la presentación del Sr. Hernández, según la sección 5 de conformidad con CIPA; y el Sr. Hernández CIPA presentación de la sección”

Esta orden, aunque limita la divulgación de información relevante, busca mantener el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos de defensa de los acusados en procesos legales.

El llamado de la abogada Shroff resalta la necesidad imperante de una transparencia eficiente en la entrega de información clasificada, asegurando así un proceso judicial justo y equitativo para el expresidente Juan Orlando Hernández, quien aguarda la desclasificación de documentos cruciales para su defensa antes del próximo hito judicial en enero de 2024.

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