Choque entre transportistas y gobierno por reformas

Transportistas anuncian movilización nacional mientras autoridades del IHTT los acusan de torpes y doble moral por oponerse a reformas.

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva confrontación entre el sector transporte y el gobierno está a punto de detonar, con el Congreso Nacional en el centro del conflicto.

Este martes, a las 10:00 de la mañana, el Consejo Nacional del Transporte (CNT) liderará una movilización hacia la sede legislativa en Tegucigalpa.

Esto, con el fin de exigir la suspensión del decreto que propone reformas a la Ley de Transporte Terrestre, específicamente en los artículos 23 y 48, los más polémicos del dictamen.

La dirigencia del transporte no solo exige la apertura de un diálogo con los diputados, sino que denuncia que la iniciativa oculta una vieja práctica. La entrega irregular de concesiones, disfrazada esta vez de una “renovación operativa”.

Es la misma “piñata” de siempre, ahora con moño legislativo, denunció Wilmer Cálix, uno de los voceros del rubro.

“Lo más grave es que se están abriendo las puertas para meter buses y taxis viejos como si fueran concesiones nuevas. Eso no es más que una piñata de última hora, como ha pasado en todos los gobiernos al final de su mandato”

Cálix asegura que esta reforma es una cortina de humo para legalizar lo que la ley actual prohíbe: expandir el parque vehicular sin planificación. Así como sin estudios socioeconómicos y sin evaluar el impacto en un sistema que ya está al borde del colapso.

Ni siquiera han ordenado las concesiones existentes y ya quieren lanzar otras al mercado. Esto es sabotaje institucional, remarcó.

«Estamos solicitando una reunión urgente con los diputados y hacemos un llamado al Congreso Nacional para que no apruebe estas reformas sin una discusión abierta con todos los sectores del transporte»

La amenaza es clara: si el Congreso aprueba el decreto sin atender sus demandas, se paralizará el transporte a nivel nacional.

Una advertencia que, en contexto hondureño, podría sonar a déjà vu.
Pero que —en este caso— se apoya en el malestar creciente entre cientos de transportistas urbanos, suburbanos e interurbanos del país.

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Gobierno responde: “doble moral” y “torpeza” entre los reclamos

Pero el contragolpe gubernamental no se hizo esperar. El presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, lanzó declaraciones que pusieron más gasolina al fuego.

Calificó como “sorprendente la doble moral” los reclamos de algunos líderes del transporte, cuestionó su representatividad. Y, los tildó de “torpes” por oponerse a una reforma que —según él— busca resolver trámites atrasados y no otorgar nuevas concesiones.

Barahona mencionó directamente al dirigente Wilmer Cálix, señalando que “no está facultado para hablar en nombre de todos los transportistas”.

Son voceros de otros y están saboteando un decreto que los mismos transportistas pidieron. ¿Quién entiende esa lógica?, ironizó Barahona.

“Yo aquí lo que les planteo es lo siguiente, me he reunido con ellos con los taxistas y con absolutamente todas las modalidades del transporte conozco la realidad de ellos y están esperando este decreto como agua de mayo para que vengan un par de torpes a querer boicotear ahora un proyecto de ley”

El funcionario asegura, los estamos ayudando a salir de la trampa legal de tener permisos vencidos, hay más de 30 mil trámites estancados. “Este decreto no los perjudica, los beneficia”, aseguró.

Según el comisionado, la propuesta legislativa permitiría renovar certificados de operación hasta por 12 años, sin importar el cambio de gobierno.

Señala además, que facilitaría el acceso a productos financieros con tasas bajas para modernizar las flotas. ¿Cuál es el crimen en eso?, preguntó retóricamente.

“El decreto lo que busca es garantizar las concesiones a todos los transportistas por los próximos 12 años, indistintamente del gobierno que venga. No estamos otorgando nuevas concesiones; estamos resolviendo trámites pendientes, más de 30,000, que ellos mismos nos han venido a pedir”

Barahona justificó el polémico decreto explicando que miles de transportistas continúan operando con concesiones vencidas.

Imposibilitados de renovarlas porque sus unidades ya no cumplen con los parámetros de antigüedad que exige la ley actual.

Sin embargo, reconoció —con realismo técnico o resignación política, según se lea— que en muchas zonas rurales los únicos buses disponibles para circular son precisamente esos.

Chatarras, con más de dos décadas de servicio que todavía sobreviven a punta de repuestos usados y oraciones de los conductores.

“Nosotros estamos actuando de buena fe, sin distinción política. Sabemos que los transportistas son nacionalistas y liberales, pero también sabemos que muchos están esperando este decreto como ‘agua de mayo’ para poder renovar sus permisos, acceder a financiamiento y modernizar sus unidades”

Advirtió que “no se debe tirar por la borda” una iniciativa que —según su versión— busca rescatar a un sector atrapado entre la desregulación, el clientelismo y la obsolescencia mecánica.

“Lo inmoral es salir en medios a confundir a los compañeros que sí trabajan, que tienen buses viejos pero operativos. Este decreto permitirá renovar certificados de operación y abrir la puerta a productos financieros con tasas bajas para renovar flotas. ¿Por qué sabotear eso?”

Finalmente, cerró con una línea de fuego dirigida a los sectores más ruidosos de la protesta.

“No podemos permitir que unos pocos torpedeen lo que tanto han pedido durante años”

¿Reformas técnicas o maniobra política?

Mientras unos aseguran que se trata de una acción de ordenamiento legal, otros ven en el decreto una jugada política encubierta.

La posibilidad de abrir la puerta a unidades antiguas —bajo el argumento de que en zonas rurales no hay otra opción— genera sospechas. Especialmente, en un contexto donde las concesiones históricamente han sido moneda de cambio político, y más aún, en años preelectorales o de cierre de mandato.

“Ya sabemos cómo funciona esto. Se otorgan permisos a cambio de votos, favores o lealtades. Esta no es la excepción, solo el nuevo capítulo de un guion mal escrito”.
Apuntó un transportista de La Ceiba que participará en la movilización, pidiendo anonimato por temor a represalias.

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Congreso, árbitro involuntario de un conflicto anunciado

Por ahora, los diputados tienen el balón en su cancha.

Barahona lanzó una soga al Congreso, sugirió que es el puede modificar o eliminar los artículos más polémicos, pero reiteró que la propuesta debe avanzar.

Del otro lado, los dirigentes del transporte insisten en que no aceptarán reformas sin una socialización real y transparente.

El país, nuevamente, se enfrenta a una encrucijada institucional donde las reformas necesarias se estancan por la desconfianza crónica entre sectores, el oportunismo político y la falta de mecanismos de diálogo que inspiren legitimidad.

Y mientras el pueblo observa cómo se polariza otro debate sectorial —ahora en el gremio del transporte— el transporte público sigue igual: ineficiente, costoso y sin garantías de calidad o seguridad.