Honduras: El país más peligroso para defensores medioambientales

Honduras lidera en asesinatos per cápita de defensores ambientales en 2023, con 18 homicidios, revelando la violencia extrema que enfrentan.

Honduras.- El país se ha posicionado como el país más peligroso del mundo para defensores del medioambiente y la tierra en 2023, registrando 18 asesinatos, la cifra más alta per cápita a nivel global.

Así lo revela el informe «Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente», publicado por la ONG Global Witness.

Destacando que aunque México también reportó 18 homicidios, la baja población de Honduras magnifica la gravedad del problema.

«Con el mismo número de asesinatos que México (18), pero menos de una décima parte de población, Honduras resultó ser el país con más asesinatos per cápita en 2023»

El documento de Global Witness subraya que, desde 2012, Honduras ha sido escenario de 149 asesinatos de defensores del medioambiente.

Ubicándose a la cabeza de una lista trágica de países con más muertes en esta lucha.

La organización señala que la falta de tierras productivas para la explotación agraria, la priorización de actividades extractivas y la violación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes son factores que han contribuido a esta alarmante realidad.

La organización hondureña ACI-Participa resalta estos elementos como claves para entender la prevalencia de los ataques en el país.

«Para entender la prevalencia de los ataques en este país, la organización hondureña ACI-Participa resalta varias claves: la falta de tierras productivas para la explotación agraria, la priorización de las actividades extractivas y la violación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes»

Corrupción y narcoeconomía: Factores clave en la crisis ambiental

Global Witness advierte que el poder económico de los grupos narcotraficantes en Honduras agrava la situación.

Ya que parte de sus ingresos se destinan a la corrupción para garantizar impunidad y facilitar el tráfico de drogas.

Este fenómeno no solo erosiona la gobernanza, sino que también debilita las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales, creando un entorno de impunidad y peligro extremo para los defensores del medioambiente.

El deterioro del sistema judicial hondureño es otro punto crítico señalado por la ONG.

Según el informe, las instituciones que deberían rendir cuentas y proteger a estos defensores no cumplen con su labor.

Lo que incrementa los riesgos para quienes alzan la voz en defensa del medioambiente y los derechos comunitarios.

«Agrava aún más los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras y echa por tierra los intentos de protegerlas»

«Echa por tierra los intentos de protegerlos», añade Global Witness, al referirse a la debilidad institucional frente a la violencia y la corrupción.

La necesidad urgente de una legislación protectora

Para revertir esta situación, Global Witness resalta la «vital importancia» de implementar una legislación robusta que proteja los derechos de las comunidades indígenas y locales a la tierra y la soberanía.

Esto no solo fortalecería la resiliencia local frente a las organizaciones delictivas, sino que también ofrecería un marco legal más efectivo para proteger a los defensores ambientales.

La organización enfatizó la urgencia de que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú.

El primer gran pacto ambiental en América Latina y líder mundial en la protección de defensores ambientales.

Este acuerdo garantiza el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones.

Además de exigir a los Estados firmantes prevenir e investigar las agresiones contra los defensores del medioambiente.

De acuerdo con Global Witness, la adhesión al Acuerdo de Escazú sería un paso crucial para generar cambios significativos en la protección de los defensores ambientales en Honduras.

Cabe señalar que el asesinato de Berta Cáceres en 2016 es uno de los casos más emblemáticos que refleja la situación de vulnerabilidad extrema en Honduras.

Cáceres, una reconocida activista galardonada con el Premio Goldman en 2015, fue asesinada.

Pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de recibir múltiples amenazas.

Este caso resuena como un recordatorio del alto costo que implica defender el medioambiente en un país donde las estructuras del poder económico y la corrupción dificultan la justicia.