MP y Secretaría de Seguridad reconocen el uso de armamento oficial en matanza de mujeres

El Ministro de Seguridad y el Fiscal reconocieron el empleo de armas oficiales en la matanza de 46 mujeres en la cárcel de Támara. Admitieron implicaciones más amplias del armamento estatal en crímenes adicionales.

Honduras.- El Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, junto al fiscal de Delitos Contra la Vida, Roberto Blen, emitieron declaraciones trascendentales este lunes aceptando el empleo de armamento y municiones pertenecientes a la Policía Nacional en la devastadora matanza que cobró la vida de 46 mujeres en la cárcel de Támara el pasado 20 de junio.

Este reconocimiento confirma las afirmaciones previas de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien señaló a la policía hondureña como partícipe de la tragedia.

A pesar de los matices presentados por ambos funcionarios, reafirmaron la responsabilidad de la institución policial en este suceso, ampliando la implicación del armamento oficial en otros crímenes del país.

En el marco del foro televisivo Frente a Frente, el Ministro Sánchez defendió la formación destinada a transformar modelos mentales arraigados, desvinculándose de órdenes arbitrarias.

“Jamás hemos girado una orden arbitraria, al contrario, capacitamos para deconstruir esquemas mentales impuestos en los últimos años.”

Sin embargo, su postura evitó adentrarse en detalles específicos del caso, argumentando la amplitud de la información proporcionada por el fiscal Blen.

 “Ya el abogado Blen (fiscal de Delitos Contra la Vida) nos ha ampliado lo que se está haciendo”.

Sánchez reveló que la investigación abarca a las autoridades responsables del centro penitenciario femenino y a toda la cadena de custodia implicada.

A pesar de admitir el uso de municiones policiales en las muertes, justificó la presencia de armas ajenas a los almacenes oficiales, denotando un ingreso ilegal de equipamiento.

Por su parte, el fiscal Blen corroboró la presencia de munición oficial en la masacre, aunque se abstuvo de emitir juicios para no exponer a la policía, enfatizando que la responsabilidad recae sobre el Estado hondureño.

La comisionada de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, instó al Ministro Sánchez a desbloquear la información y garantizar la entrega de datos en cumplimiento de la ley orgánica, destacando las dificultades del organismo para verificar el manejo de las cárceles.

Funcionarios del Conadeh expresaron su preocupación por la implicación de altos oficiales policiales en la tragedia de Támara y la comisión de delitos con armas estatales.

Exigieron soluciones al problema de autogobierno imperante en el sistema penitenciario hondureño.

El llamado a proteger a la viceministra Villanueva y a proporcionar información detallada sobre su seguridad subraya la urgencia de una respuesta eficaz y responsable ante este complejo panorama que cuestiona la integridad y el manejo del armamento estatal en Honduras.