Nueva demanda internacional exige $300 millones a Honduras

Honduras enfrenta una nueva demanda internacional por $300 millones, elevando a 16 los arbitrajes acumulados por conflictos con inversionistas.

Tegucigalpa, Honduras.- El país suma un nuevo capítulo en su accidentada relación con los tratados de inversión internacional.

Esta vez, el protagonista es el grupo empresarial EMCO, que ha interpuesto una demanda de arbitraje por la nada despreciable suma de 300 millones de dólares, alegando “conducta arbitraria” por parte del Estado.

La demanda, recibida por la Procuraduría General de la República este martes, se tramita bajo el mecanismo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

El procurador general, Manuel Díaz Galeas, confirmó que con este nuevo reclamo, ya son 16 las demandas de arbitraje presentadas en contra de Honduras. Que en conjunto suman entre 12 y 13 mil millones de dólares.

Sí, leyó bien: miles de millones. Y aunque parezca un déjà vu constante, las cifras y los conflictos legales siguen creciendo mientras el país apenas logra encarar uno solo de estos frentes.

“Es una demanda voluminosa a la que le están dando el estudio y análisis respectivo”, indicó Díaz Galeas, aunque sin precisar cuánto tiempo tomará dicho estudio ni quién asumirá los costos si la defensa falla… otra vez.

Vea: Honduras regresa al banquillo: Nueva demanda ante el CIADI bajo el DR-CAFTA

La lista negra crece: Próspera lidera con $11 mil millones

La demanda de EMCO es escandalosa, pero no la más alta. Ese dudoso honor sigue en manos de Próspera, que reclama casi $11 mil millones.

En un caso que ha dado de qué hablar dentro y fuera del país por sus implicaciones sobre soberanía, modelo ZEDE y seguridad jurídica.

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Ambos casos coinciden en alegar violaciones al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), así como supuestas expropiaciones ilegales.

Díaz Galeas rechazó las acusaciones de expropiación por parte del Estado.

“Esos planteamientos son absolutamente erróneos y no son parte de la realidad”, señaló con tono enfático.

Sin embargo, la realidad parece otra: las demandas siguen llegando y el prestigio del país en el ámbito internacional continúa deteriorándose.

¿Casualidad o consecuencia?: El ruido político no ayuda

La demanda de EMCO se conoce apenas días después de que la ministra de Finanzas y ahora precandidata presidencial por el partido oficialista Libre, Rixi Moncada, hiciera unas declaraciones controversiales sobre el manejo de los fondos del Inprema.

Aunque el procurador no estableció vínculo directo entre ambos eventos, los tiempos sugieren que el discurso político del oficialismo, lejos de tranquilizar a los inversores, está echando gasolina sobre un fuego legal ya descontrolado.

Y como si fuera poco, esta es la segunda demanda en el mes: la anterior fue interpuesta por una ciudadana estadounidense, invocando las cláusulas del DR-CAFTA, pero utilizando el Mecanismo Complementario del CIADI, ya que Honduras se retiró oficialmente de ese organismo en 2022.

Arbitraje internacional: un deporte costoso para el Estado

Desde su salida del CIADI, Honduras ha quedado vulnerable ante los mecanismos alternativos previstos en los tratados internacionales.

El artículo 10, sección B del DR-CAFTA habilita a los inversionistas a buscar otras vías legales, lo que ahora se ha convertido en una puerta abierta para demandas multimillonarias.

El problema no es solo jurídico, sino económico y político: mientras el gobierno insiste en que se respetan los derechos de inversión, los tribunales internacionales son inundados con documentos que dicen lo contrario.

Y, por supuesto, cada una de estas demandas implica costos legales elevados, riesgo reputacional y posibles sanciones económicas.

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¿Quién paga los platos rotos?

Mientras tanto, la ciudadanía mira con desconcierto cómo se acumulan las cuentas por pagar, pero no en hospitales, escuelas o carreteras, sino en cortes internacionales.

Un país con niveles alarmantes de pobreza, migración forzada y desempleo, ahora enfrenta también un tsunami de litigios que podría comprometer aún más sus finanzas públicas.

La pregunta es sencilla, pero incómoda: ¿quién responde por esta hemorragia de demandas? ¿El gobierno de turno, el anterior, o simplemente el Estado como ente abstracto que siempre termina absorbiendo los golpes?

Sea como sea, Honduras está pagando muy caro su coqueteo con la inseguridad jurídica.