El titular de la Interventora de la OABI, Hugo Suazo, aludió a testimonios de afectados cuyos bienes, bajo la custodia de la institución, han sufrido un deterioro alarmante, acompañado de la sorpresa de ver sus cuentas en estado de vacío.
En respuesta a estas acusaciones, Suazo ha atribuido la debacle a una gestión deficiente por parte de administraciones previas.
En un esfuerzo por esclarecer los hechos, se ha llevado a cabo un exhaustivo inventario y se ha elaborado un informe detallado que será presentado ante la presidenta Xiomara Castro.
En una primera instancia, durante una entrevista radial, Suazo adelantó que se han identificado casos de individuos vinculados a la OABI que se habrían beneficiado de manera ilegal de los bienes muebles bajo su resguardo.
El director de la OABI reveló que numerosas propiedades habían sido objeto de arrendamientos bajo la modalidad de Airbnb, e incluso se promocionaban en catálogos para su venta.
Estas prácticas irregulares, según Suazo, se han perpetuado durante los últimos cinco años, aunque gracias a una inspección minuciosa, se han logrado recuperar algunos de los activos involucrados.
“Pudimos observar que hubo mala administración de los bienes que fueron puestos a la orden de OABI, encontramos bienes abandonados y descuidados”, destacó Suazo.
Sin embargo, se ha dado un paso adelante al presentar denuncias formales ante el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
En cuanto a las cuentas bancarias administradas por la OABI, Suazo aseguró que estas se encuentran protegidas en bancos nacionales, generando intereses y salvaguardando los fondos de cualquier intervención externa.
Según sus declaraciones, la institución maneja aproximadamente 1,300 millones de lempiras en dichas cuentas.
En relación con los activos muebles, la OABI gestiona alrededor de 1,100 en todo el país, incluyendo propiedades con fines agrícolas y ganaderos.
Por último, Suazo informó que el zoológico de Joya Grande, tras ser recuperado, ha vuelto a operar con normalidad.
Esta denuncia pone de manifiesto la importancia de una gestión transparente y responsable de los bienes incautados, así como la necesidad de una acción diligente por parte de las autoridades competentes para garantizar la integridad de los activos y la confianza en las instituciones encargadas de su administración.