Cambio climático pondrá en riesgo extremo a 2.500 millones

Un estudio alerta sobre el impacto desigual del cambio climático y exige políticas climáticas con enfoque en equidad social y derechos humanos.

Barcelona, España.- Un informe elaborado por la Unesco en colaboración con la Fundación La Caixa advierte que para el año 2050, más de 2.500 millones de personas podrían verse expuestas a condiciones climáticas extremas, en particular calor extremo superior a los 35 °C durante más de 12 semanas al año.

De esta cifra, al menos 239 millones vivirán en condiciones de extrema pobreza, sin posibilidades reales de superar su precaria situación socioeconómica, lo cual supone un riesgo significativo para la estabilidad global si no se actúa con urgencia.

La investigación, titulada “¿Quién asume el coste? Cómo abordar las desigualdades derivadas del cambio climático y la acción climática”, fue presentada en Barcelona y tiene como propósito principal visibilizar las profundas brechas sociales y económicas que se han intensificado como consecuencia directa e indirecta del cambio climático, tanto en su impacto como en las políticas para enfrentarlo.

Desigualdad climática: una amenaza estructural

El autor principal del estudio, Rodolfo Lacy, detalló que el informe se apoya en índices compuestos que permiten evaluar los niveles de exposición y capacidad de adaptación de distintos sectores y poblaciones frente a los riesgos climáticos previstos a mediados de siglo.

Los hallazgos apuntan a que la desigualdad climática no solo es una consecuencia, sino también un catalizador de otras formas de exclusión.

Grupos históricamente marginados, como pueblos indígenas, mujeres, niños y trabajadores informales —en total unos 1.400 millones de personas— serán los más vulnerables entre 2040 y 2060.

Además, el análisis expone que alrededor de 3.600 millones de personas residen actualmente en zonas altamente vulnerables a los efectos del cambio climático.

Esta cifra se concentra en su mayoría en el llamado “sur global”, donde las capacidades institucionales, técnicas y financieras para hacer frente al problema son escasas o inexistentes.

El imperativo de una transición justa

Gustavo Merino, director de Políticas Sociales de la Unesco, destacó que el documento plantea la necesidad urgente de incorporar los principios de equidad, justicia social y derechos humanos en las políticas climáticas nacionales e internacionales, con el fin de garantizar una transición “justa e inclusiva”.

Merino subrayó que “los primeros y más devastadores efectos del calentamiento global recaen sobre países y comunidades que han contribuido mínimamente a las emisiones contaminantes”. En contraste, el informe denuncia que el 10 % de los países más ricos del mundo es responsable de casi el 50 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Entre los países más afectados por la convergencia entre pobreza estructural y vulnerabilidad climática, se destacan Chad, Sudán del Sur, Níger, la República Centroafricana y Somalia. Estas naciones enfrentan crisis complejas que incluyen falta de infraestructura, inestabilidad política, inseguridad alimentaria y estrés hídrico, lo que las convierte en epicentros del riesgo climático global.

El costo humano de la inacción

El estudio concluye con un llamado urgente a la acción internacional. “Si la equidad no se ubica en el centro de las decisiones sobre cambio climático, estaremos alimentando un ciclo de desigualdad, fragilidad social y tensiones globales que obstaculizarán el desarrollo sostenible”, advirtió Lacy.

El informe refuerza la noción de que el cambio climático no es solamente una crisis ambiental, sino una crisis social que puede profundizar las brechas existentes, multiplicar los conflictos y desplazar a millones si no se abordan con una mirada centrada en la justicia.

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