Alcaldes de la Mosquitia denuncian impacto negativo de cárcel en Mocorón

Alcaldes de la Mosquitia rechazan cárcel en Mocorón, argumentando que su construcción agravaría la criminalidad y afectaría a comunidades indígenas.

Honduras.- La Mancomunidad de Municipios de la Mosquitia Hondureña (MAMUMH) expresó su rechazo a la construcción de una cárcel de emergencia en Mocorón, municipio de Puerto Lempira.

Argumentando que el proyecto no beneficiará a la población indígena de la región.

Por el contrario, podría generar consecuencias negativas en lo social, ambiental y cultural.

Los alcaldes de la zona advierten sobre el riesgo de un aumento en la criminalidad, la invasión de territorios indígenas y la usurpación de tierras ancestrales.

En un comunicado oficial, los alcaldes subrayan que el proyecto, destinado a albergar a más de 20,000 reclusos de otras regiones del país.

No responde a las necesidades prioritarias del pueblo de Gracias a Dios.

Un territorio indígena que, según señalan, ha sido históricamente desatendido por el Estado.

En este contexto, exigen una consulta previa con las comunidades indígenas, los consejos territoriales, las autoridades locales y otros actores relevantes, antes de proceder con la ejecución de la obra.

Preocupaciones por el impacto en los pueblos indígenas

El pronunciamiento de los alcaldes destaca que la región de la Mosquitia, ubicada en el departamento de Gracias a Dios.

Es una zona de gran biodiversidad y parte del corredor biológico mesoamericano.

Estos recursos naturales, unidos a su diversidad cultural, convierten al territorio en un área de importancia ambiental y cultural.

“El Departamento de Gracias a Dios, considerado territorio indígena, con amplia diversidad cultural y recursos naturales, forma parte del corredor biológico mesoamericano, dicho territorio en materia de inversión pública ha sido olvidado por los diferentes gobiernos del estado de Honduras”

Por ello, los líderes locales solicitan que el gobierno tome en cuenta la opinión de los pueblos indígenas sobre el desarrollo de proyectos en la región.

Dado el potencial impacto en su modo de vida.

A pesar de las protestas, el gobierno insiste en construir la cárcel en Mocorón.

Reclamos históricos y derechos ignorados

La denuncia también subraya la falta de inversión estatal en esta región durante décadas, a pesar de los constantes reclamos de la población local por mejoras en infraestructuras básicas.

Los habitantes de Gracias a Dios han solicitado al gobierno mejoras en el sector salud, la construcción de hospitales y centros educativos.

Así como el mejoramiento de la infraestructura vial y fluvial para reducir los costos del transporte.

Además, han exigido el acceso a servicios básicos como energía eléctrica, subsidios al transporte público y mayor inversión en el sector agropecuario.

Los alcaldes recuerdan que el Estado de Honduras, en su calidad de república democrática y suscriptor de convenios internacionales, tiene la obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas.

Tal como lo establece el artículo 346 de la Constitución de la República y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado mediante el Decreto No. 26-94.

Este tratado exige que el gobierno coordine con las comunidades indígenas en la toma de decisiones que afecten sus derechos y territorios.

En este sentido, la Mancomunidad de Municipios de la Mosquitia insta a la presidenta Xiomara Castro a formar una comisión gubernamental.

Esperan que facilite la consulta urgente con las comunidades locales y pueblos indígenas sobre la construcción de la cárcel en Mocorón.

Los alcaldes enfatizan que, sin una consulta adecuada y un enfoque integral, el proyecto podría tener consecuencias irreversibles para el pueblo de Gracias a Dios y su entorno.

La construcción de la cárcel de emergencia en Mocorón, según los alcaldes, no solo sería una inversión innecesaria.

Esto podría agravar las condiciones de vida de los habitantes de la región y poner en peligro su patrimonio cultural y ambiental.

Ante esta situación, los líderes locales solicitan un diálogo abierto y una evaluación exhaustiva del proyecto.

Una investigación en línea con los derechos y las demandas históricas de los pueblos indígenas de la zona.

A pesar de las protestas contra la construcción de la cárcel en este territorio, las autoridades no han rectificado su decisión ni han propuesto un nuevo lugar para el proyecto.