CICIH en Honduras: ¿Se hará realidad?

La CICIH, la gran promesa del actual gobierno, acumula prórrogas interminables, mientras políticos y sociedad civil cuestionan la verdadera voluntad política.

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), presentada como la principal promesa electoral de la presidenta Xiomara Castro, permanece atrapada en una maraña de trámites y extensiones que amenazan con convertirla en una ilusión fallida.

Desde que inició su gestión en enero de 2022, el gobierno de Castro ha promovido la creación de esta comisión internacional, respaldada por Naciones Unidas (ONU). Destinada a investigar casos complejos de corrupción y fortalecer las instituciones hondureñas encargadas de impartir justicia.

Sin embargo, la instalación efectiva de la CICIH se ha convertido en un largo y tedioso camino lleno de promesas incumplidas y postergaciones.

Recientemente, el canciller hondureño, Efraín Bú Soto, anunció que la ONU concedió una quinta prórroga al memorándum de entendimiento, extendiendo la fecha límite hasta el 15 de diciembre de 2025.

Esto coloca al actual gobierno en una situación comprometida, pues coincide con el fin de su mandato y transfiere potencialmente la responsabilidad a la próxima administración.

Promesas incumplidas y controversia política

El vicecanciller Gerardo Torres insiste en que todavía existe tiempo para concretar la instalación de la CICIH y asegura que el compromiso del gobierno es firme.

 “Todavía estamos a tiempo de firmar el acuerdo para traer la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH)”

Sin embargo, la realidad política sugiere otra historia, marcada por inacción legislativa y disputas internas.

Diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), como Sergio Castellanos, aseguran que la responsabilidad del retraso recae sobre la ONU y no sobre su partido.

“Nosotros no nos olvidamos del tema, nosotros mantenemos ese compromiso, si no ha tenido la CICIH no ha sido culpa del gobierno de Libre, ha sido culpa de la ONU”

Castellanos afirma que Libre mantiene vigente su promesa, aunque las múltiples prórrogas ponen en tela de juicio su capacidad real para concretar la llegada de la comisión.

En contraste, la oposición política, liderada por figuras como la diputada Fátima Mena del Partido Salvador de Honduras (PSH), cuestiona duramente la voluntad política del gobierno.

Mena recalca que las repetidas extensiones del memorándum solo reflejan la falta de resultados concretos.

“Realmente no puede ser motivo de mayor alegría que se prorrogue por quinta vez un documento en el cual el gobierno no ha cumplido con su promesa de instalar un mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción”

La legisladora denuncia que el propio Congreso Nacional, dirigido por aliados de Castro, está saboteando las iniciativas anticorrupción desde su interior.

“Eso es lavarse las manos. Con voluntad política, se pueden aprobar esos proyectos, pero también depende de quién dirige el Congreso Nacional y de que haya coherencia en el oficialismo”

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Críticas de la sociedad civil y expertos

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, opina que la ONU aceptó la nueva prórroga para evitar acusaciones de boicot por parte del gobierno hondureño.

“Era de esperar de Naciones Unidas que aceptara una extensión… sino se hubiese aceptado la extensión, el gobierno los hubiera acusado de boicotear su gestión y lo correcto ha sido que se amplíe el memorándum de entendimiento”

Advierte que, si bien existe tiempo suficiente para avanzar en los documentos y cumplir con las exigencias del organismo internacional.

La verdadera prueba será determinar qué sector político o institucional carece de voluntad real para instalar la CICIH.

En línea con el tema, el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, es aún más pesimista.

Según su perspectiva, ninguno de los principales candidatos presidenciales que sucederán a Castro garantiza la instalación efectiva de la CICIH. Ya que sus acciones anteriores reflejan una clara inclinación hacia mantener la impunidad.

“No lo harán por una simple razón: los tres candidatos presidenciales con posibilidades de ganar están a favor de la impunidad porque cada uno de ellos demostró en el caos del 9 de marzo que estaban dispuestos a castigar a aquellos que no son sus correligionarios en el Consejo Nacional Electoral. Libre pidió castigo para los otros dos consejeros, el Partido Nacional amparó a su activista que tiene ahí, igualmente el Partido Liberal, y pidió castigo para el otro, eso significa que todos están de acuerdo con la impunidad”

Además, aseveró que muchos actuales diputados perfectamente pueden ser imputados por la comisión de delitos que no prescriben, “saben que de venir la CICIH ellos serían de los primeros que van presos”, dijo.

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La CICIH: ¿bandera política o necesidad urgente?

El sacerdote Ismael Moreno, conocido como Padre «Melo», destaca otro ángulo polémico al señalar.

La CICIH podría ser utilizada como instrumento electoral tanto por el gobierno como por la oposición, en un ciclo vicioso de promesas vacías.

Según Moreno, sin presión social constante, difícilmente se tomarán medidas concretas para enfrentar la corrupción sistémica.

“El tiempo es implacable. Difícil creer que de aquí a diciembre se instale la CICIH. También se puede usar para la campaña tanto por oficialismo como por oposición partidaria. Pero la llama sigue. Sin presión social, los partidos en CN y gobierno nunca darán pasos decisivos”

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Con un mandato más amplio y más facultades que su antecesora, la extinta MACCIH. La misma, cuyo mandato finalizó durante la administración anterior dirigida por Juan Orlando Hernández. Mismo que ahora purga una pena por delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos.

La CICIH es vista por muchos hondureños como la última oportunidad de contar con una justicia independiente y efectiva.

No obstante, el riesgo de que se convierta únicamente en una herramienta de campaña es latente y preocupa profundamente a diversos sectores.

Mientras los políticos intercambian acusaciones y responsabilidades, la ciudadanía hondureña observa cómo la promesa de acabar con la corrupción sigue siendo pospuesta, quizás, indefinidamente.

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