Tribunal de Guatemala ordena la toma de posesión de autoridades electas en enero

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictamina que las autoridades electas deben asumir en enero, afianzando la estabilidad democrática ante disputas por el resultado electoral.

Honduras.- El fallo definitivo emitido por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala este jueves, 14 de diciembre establece un avance significativo para el país, ratificando que las autoridades electas en las recientes elecciones deben tomar posesión en enero, como lo estipula la ley vigente.

Este dictamen, que emerge como respuesta a la solicitud presentada por un grupo de abogados, cobra relevancia en el contexto político actual, especialmente en medio de los intentos del Ministerio Público por revertir la victoria del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

La Corte de Constitucionalidad fundamentó su resolución en la salvaguarda del Estado de Derecho, reforzando su compromiso con el orden constitucional del país.

En un comunicado público, resaltaron la importancia de su decisión para preservar la democracia y garantizar la estabilidad jurídica.

Es importante subrayar que este pronunciamiento del máximo tribunal no limita las investigaciones que la Fiscalía pueda llevar a cabo ni afecta las facultades del Tribunal Supremo Electoral en relación con posibles irregularidades electorales.

El dictamen, respaldado por cuatro magistrados, se erige como un punto final a los esfuerzos del Ministerio Público por revertir el resultado electoral.

Además, la Corte hizo un llamado al Congreso para asegurar el cumplimiento del proceso de toma de posesión previsto para el 14 de enero, previniendo así posibles interferencias que pudieran socavar la estabilidad institucional.

En esta misma línea, los magistrados también exhortaron al actual presidente, Alejandro Giammattei, a fomentar la unidad nacional, destacando la importancia de la cohesión en un momento crucial para la nación.

Desde hace meses, la Fiscalía ha intentado anular la victoria de Arévalo de León, cuya ascensión al cargo se ha perfilado con un marcado discurso contra la corrupción.

El presidente electo ha denunciado públicamente los intentos de desestabilización, llegando a calificar estos actos como un «golpe de Estado» orquestado por figuras corruptas, incluyendo a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta.

Este fallo trascendental de la Corte de Constitucionalidad reafirma la importancia de la institucionalidad y la supremacía de la ley en Guatemala, sentando así las bases para un traspaso de poderes en un contexto marcado por desafíos legales y políticos.